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Imputaron al ex diputado del PRO, Alfredo Olmedo por tentativa de contrabando de un avión valuado en USD 1,4 millones

El ex diputado nacional del PRO, por la provincia de Salta, Alfredo Olmedo, fue imputado por tentativa de contrabando de una aeronave valuada en 1,4 millones de dólares. La Justicia investiga presuntas irregularidades en la compra y arribo del avión privado que aterrizó en territorio salteño a fines de 2020.

En la audiencia solicitada por la Unidad Fiscal Salta que se llevó a cabo el jueves por la mañana, el juez federal de Garantías 2, Miguel Medina, formalizó la investigación penal sobre Olmedo por el presunto delito de “contrabando de importación agravado por el monto de la mercadería, en grado de tentativa”.

La imputación contra el ex candidato a gobernador fue requerida por el fiscal general Carlos Martín Amad, en el marco de las actuaciones que se iniciaron el 13 de diciembre, cuando un avión Piper Aircraft Inc, valuado en 1.469.000 dólares, arribó en el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes.

La aeronave llegó al país piloteada por Curt Edwar Arnspiger, de la empresa Globe Aero. El piloto llegó sin tripulación ni pasajeros, y no exhibió ante el personal de la Dirección de Aduanas la “Declaración General” que debe presentar todo avión extranjero, según lo establecido por el artículo 160 del Código Aduanero.

El piloto Sebastián Boso entregó documentación que establecía el plan de vuelo desde Fort Lauderdale Florida, Estados Unidos, a Jamaica, y desde allí a Colombia. Sin embargo, ninguno de los papeles justificaba su arribo en Salta. En este contexto, el fiscal Amad reveló que, según Boso, la nave era de importación para consumo.

También se presentó el contador de Olmedo, Rubén Delgado, quien explicó que el empresario había adquirido la aeronave el 22 de agosto de 2020, a la vez que sostuvo que el traslado estaba a cargo de Globe Aero.

Amad afirmó no contar con la declaración formal que justifique la llegada del avión, ya que el aterrizaje fue “solamente una escala técnica”, se precisó en la web oficial del Ministerio Público Fiscal. Esto derivó en una serie de averiguaciones con organismos de control como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que informaron que se debía presentar una declaración general para el tramo Colombia-Perú- Argentina. La documentación no fue acreditada.